‘8M, Juntas contra el odio: ni un paso atrás’, por Amnistía Internacional Tres Cantos

Bajo el lema “Juntas contra el odio: ni un paso atrás”, nacido de la indignación ante el avance de las prácticas autoritarias y los discursos de odio, que pretenden poner en jaque el derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres, Amnistía Internacional saldrá, un año más, a las calles de todo el país, el 8 de marzo, Día internacional de la Mujer. Este lema surge también de la preocupación ante el peligro del retroceso de nuestros derechos, del miedo ante el contagio de estas prácticas autoritarias entre muchos países y de la frustración, pero también de la necesidad de protegernos y apoyarnos mutuamente, de tejer alianzas, de defendernos y de la necesidad de seguir empoderándonos para defender los derechos ya conquistados en algunos países.

El auge de las prácticas autoritarias está poniendo en peligro los derechos de las mujeres y niñas en todo el mundo. En Afganistán, las mujeres y las niñas siguen enfrentándose cada día a restricciones cada vez más severas, que las apartan de la vida pública y limitan todos los aspectos de su vida. En Estados Unidos, los drásticos recortes de la ayuda humanitaria de USAID y la cancelación de la mayoría de sus programas, y el anuncio de su retirada de organismos internacionales como ONU Mujeres, tendrá efectos devastadores en los derechos de millones de mujeres y niñas en todo el mundo. En Argentina, desde la llegada al gobierno de Javier Milei, se han observado profundos retrocesos debidos al desmantelamiento de políticas públicas específicas para la prevención y erradicación de la violencia de género, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, el desprestigio de las instituciones de género y el drástico recorte de presupuesto. En Cuba, las mujeres sufren violencia estatal de género, como desnudos forzados y registros corporales invasivos, estigmatización por género, edad y orientación sexual, y amenazas contra sus familiares como mecanismos de intimidación y control. En Irán, las autoridades intensificaron la represión contra las mujeres y niñas que desafiaban el uso obligatorio del velo, incluso mediante vigilancia digital, como tecnología de reconocimiento facial. En Rusia la retórica oficial sobre los valores tradicionales se ha traducido en una supresión de los derechos de género, en particular los sexuales y reproductivos. En Marruecos, la activista feminista y atea, cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales, Betty Lachgar ha sido llevada a juicio por blasfemia tras calificar al islam de religión «fascista y misógina”. En Arabia Saudí, Manahel Al Otaibi, influencer deportiva y activista de los derechos de las mujeres, lleva encarcelada desde el 16 de noviembre de 2022 acusada inicialmente de violar la Ley de Delitos Informáticos con sus tuits en favor de los derechos de las mujeres. En países como Afganistán, Argentina, Chile, Estados Unidos y Rusia, se introdujeron políticas que redujeron el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, lo que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en situación de pobreza, muchas de ellas racializadas y de zonas rurales. En Estados Unidos, la llamada ley mordaza global (Global Gag Rule) bloquea la ayuda internacional a organizaciones que ofrecen información o asesoramiento sobre aborto y ataca a quienes defienden este derecho.

Por otro lado, en las redes sociales, muchas mujeres son víctimas de violencia, sexismo, racismo y otras agresiones por ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión, por denunciar la violencia machista o por desenmascarar bulos y luchar contra la desinformación. Si hablamos de mujeres racializadas, con discapacidades, lesbianas, bisexuales y transgénero los comportamientos abusivos suelen subir de intensidad. Los partidos políticos deben evitar fomentar mensajes de odio o señalamientos desde sus tribunas públicas y condenar las que se llevan a cabo. Las mujeres deben poder expresarse libremente y participar en la vida pública, también a través de las redes sociales, sin miedo.

Por Grupo Local Amnistía Internacional Tres Cantos