Una nueva ley estatal Trans y LGTBI+
El 30 de junio de 2005, España hizo historia con la aprobación de una modificación en el código civil en favor del matrimonio igualitario convirtiéndose en el tercero en todo el mundo en dar un paso tan importante en el reconocimiento de derechos de las personas LGTBI. Unos días más tarde, el 11 de julio, se celebró la primera boda gay en … Sí, ¡En Tres Cantos!
Sin embargo, desde 2007, coincidiendo con la entrada en el gobierno del Partido Popular en nuestra ciudad y muy especialmente a partir de 2011 con el gobierno de Rajoy, este progreso empezó́ a ralentizarse, como demuestran los datos del mapa e índice anual Rainbow Europe, que clasifica la situación legal y política de las personas LGTBI en 49 países europeos y que este 2022 coloca a España en el 11º puesto, habiendo caído cinco lugares en un solo año, y hasta nueve durante la última década.
Según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), en la actualidad, las principales causas de descenso en esta lista giran en torno al reconocimiento de las personas no binarias y al derecho a la autodeterminación, siendo que, en el caso concreto de España, la organización señala la desigualdad legislativa entre territorios como el factor determinante en el empeoramiento en las notas del país. Y es que, hoy por hoy, cada territorio cuenta con su propia norma y Asturias y Castilla y León siguen sin aprobar ninguna ley autonómica en materia de derechos LGTBI. Dicho de otra manera: España necesita aprobar una ley trans y LGTBI estatal que iguale al alza los derechos en las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.
Por si fuera poco, a la parálisis legislativa se suma ahora y cada vez con más fuerza la irrupción de la ultraderecha en las instituciones y, con ella, la normalización de los discursos de odio que avalan la LGTBIfobia. Según informes del Ministerio del Interior, en 2021, los delitos por orientación sexual o identidad de género fueron la segunda causa de delitos de odio en España, y la que más crece, los incidentes denunciados el año pasado fueron 477 frente a los 277 de 2020. En resumen, uno de cada cuatro delitos de odio en España es contra el colectivo LGTBI.
Es de justicia social que se cumpla el acuerdo de Gobierno y se aprueba una ley tras y LGTBI estatal que prevenga y elimine la discriminación que sufren las personas LGTBI y que, a su vez, garantice la reparación, pero también la igualdad real y efectiva de sus derechos, tal y como recoge el artículo 9.2 de la Constitución. Que todas, todos y todes tenemos el derecho a ser en diversidad y a vivir vidas dignas y libres.
