Alegaciones de Izquierda Independiente al Cerro del Baile en San Sebastián de los Reyes

El proyecto urbanístico del Cerro del Baile en San Sebastián de los Reyes continúa generando oposición. La formación local Izquierda Independiente ha presentado nuevas alegaciones contra el plan. Entre los motivos de impugnación se encuentran la falta de garantías ambientales, la posible vulneración de la Ley de Protección de Datos y la cesión de suelo para infraestructuras no competenciales.

Falta de vivienda asequible

Aunque el plan contempla la construcción de viviendas protegidas (VPPB y VPPL), Izquierda Independiente advierte que las recientes subidas de precios, hasta un 56%, según indica, han dejado fuera de acceso estas promociones a la mayoría de los jóvenes y familias del municipio. Asimismo, denuncian que más del 30% del suelo del sector 1 está en manos de fondos de inversión, lo que refuerza, a su juicio, el enfoque económico del desarrollo.

Riesgo por contaminación acústica

La formación subraya que la Declaración Ambiental Estratégica que respalda el proyecto fue elaborada hace seis años y ya no contempla las nuevas rutas aéreas establecidas desde septiembre de 2022. Esto, sostienen, ha incrementado el nivel de ruido por sobrevuelo de aeronaves en la zona, hasta el punto de que el propio proyecto reconoce que no se podrá ubicar un Centro de Salud debido a esta afección. Por ello, reclaman una nueva evaluación ambiental estratégica y un informe actualizado de la Dirección General de Aviación Civil.

Cesión de suelo para la M-50

Otro de los puntos cuestionados es la cesión de terrenos para la construcción de la M-50. Según las alegaciones, esta infraestructura ya no figura en el Plan de Carreteras 2025-2032 de la Comunidad de Madrid y no es competencia autonómica, tal y como han dictado varias sentencias del Tribunal Constitucional. En consecuencia, el partido local pide que dichos suelos se asignen al Ayuntamiento.

Déficit de infraestructuras básicas

Izquierda Independiente también ha solicitado la paralización del proyecto al considerar que incumple el Plan General de Ordenación Urbana de 2001, al carecer del obligatorio Plan Especial de Infraestructuras. Tampoco existen propuestas para ampliar el transporte público hacia la futura zona residencial, lo que, según afirman, obligará al uso del vehículo privado y agravará la congestión en las vías urbanas y los accesos a la A1.

Escasez de zonas verdes y alta tensión

El impacto medioambiental del proyecto es otro de los ejes principales de las alegaciones. Según la formación, el desarrollo afectaría a la Dehesa Boyal y a varias especies protegidas por el aumento de la urbanización y de la población en la zona. También señalan que las zonas verdes previstas son insuficientes, ya que el proyecto contabiliza como tales los interiores de rotondas y medianas, lo que podría traducirse en mayores costes de mantenimiento y una funcionalidad limitada para el uso vecinal.

Por último, las alegaciones piden aclarar la situación de dos parcelas clasificadas como hidrografía natural, por su potencial riesgo de inundación, antes de que se apruebe el Proyecto de Reparcelación. También reclaman que se canalicen subterráneamente las líneas de alta tensión, como estipula el Plan General vigente.