APADIS moviliza a San Sebastián de los Reyes para exigir soluciones
La asociación entrega más de 2.000 cartas a Isabel Díaz Ayuso y a la alcaldesa Lucía Fernández en protesta por un conflicto judicial que pone en riesgo su labor social.
Este jueves 23 de enero, APADIS, una organización clave en la inclusión de personas con discapacidad intelectual, lideró una manifestación en el Sanse para exigir al Ayuntamiento que resuelva un prolongado conflicto judicial que amenaza su supervivencia. Bajo el lema #SOS_APADIS, más de un centenar de familias, voluntarios y simpatizantes recorrieron las calles para entregar 2.000 cartas de apoyo dirigidas a la alcaldesa Lucía Fernández y a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Surtidor de Oportunidades
El origen de la disputa se remonta a 2005, cuando el Ayuntamiento cedió un terreno a APADIS para desarrollar proyectos de inclusión laboral denominados ‘Surtidor de Oportunidades’. Aunque la cesión incluía un compromiso tácito de compensar el canon de uso, dicho acuerdo nunca se formalizó. En 2020, el consistorio reclamó judicialmente una deuda cercana al millón de euros, generando una crisis financiera que compromete servicios esenciales como vivienda tutelada y programas de empleo para 1.000 personas.
Miguel Ángel Jiménez, director general de APADIS, acusó la alcaldesa de incumplir sus promesas electorales para resolver el conflicto sin llegar a juicio. Pese a la firma de un convenio parcial en 2023, el acuerdo no abarcó el periodo 2015-2023, dejando una importante deuda pendiente.
Llamado a la mediación y al diálogo
La marcha culminó pacíficamente en la Plaza de la Constitución, donde se leyó un manifiesto pidiendo la mediación de Isabel Díaz Ayuso. Mientras tanto, el Ayuntamiento insiste en que no hay base legal para renunciar a las acciones judiciales, según un informe desfavorable emitido por Intervención Municipal.
El posible cierre de APADIS representaría un problema sin precedentes, obligando a la Comunidad de Madrid a reubicar a cientos de personas con discapacidad intelectual. La asociación, fundada en 1981, espera que esta movilización fomente el diálogo y evite un juicio que comprometería su labor social.
