Y llegó el Año Nuevo, el esperado 2022. El año de la recuperación económica, de la salud, del fin de las mascarillas y las restricciones Y de los postergados abrazos. Lamentablemente, llegó en medio de otra inesperada ola de coronavirus, con toda la mala intención de perjudicarnos las fiestas familiares. Es posible, dicen los buenos augurios, que desparezca tan rápido como se expandió, y acaso que suponga el ansiado fin de la pandemia.
Llegó el año nuevo, y con él algunas noticias preocupantes. Nos hemos enterado de un proyecto de sospechosa premura en la Comunidad de Madrid, anunciado justo en la semana de Navidad y con un reducidísimo plazo de alegaciones, que acabó el 4 de enero. Y sin prever casi debate parlamentario, por procedimiento de máxima urgencia. No da tiempo apenas a leer el contenido: es un vasto proyecto, una “ley ómnibus”, que afecta a muchas áreas de gobierno y a muchas leyes vigentes que quedan anuladas o modificadas, y cuyo fin principal parece ser un avance espectacular en la política de privatización y liberalización de servicios públicos.
El potencialmente engañoso objetivo, “el impulso de la actividad económica y modernización de la administración de la Comunidad de Madrid”, encubre cuestiones como la creación de una “Agencia de Contratación Sanitaria”, que dice la ley, “se configura como ente público… con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión, patrimonio y tesorería propios”. Es decir, que podría contratar como quiera y con quien quiera, sin rendir cuentas a nadie, salvo a sus autoridades directas. Igualmente, en cuestiones medioambientales, la nueva ley cambia el marco regulatorio de los parques nacionales, lo que iría en favor de intereses particulares. Y en materia de urbanismo, entre otras cosas, la nueva ley parece apuntar a que las promotoras no tengan que ceder suelo a los ayuntamientos, el sueño dorado de la iniciativa privada. Y muchos aspectos más, que no cabrían en este artículo.
Como era de esperar, el anuncio de este proyecto ha suscitado reacciones en todo el espectro social, incluyendo partidos de la oposición, que como mínimo reclaman la ampliación del plazo de información pública y alegaciones, para posteriormente intentar frenar los aspectos más lesivos de esta nueva ley.
Y en nuestro municipio, ha sorprendido el anuncio de construcción de un hospital por parte de una empresa privada especializada. Nada que objetar al aumento de la oferta sanitaria, si no fuera que al mismo tiempo continúa el deterioro de la sanidad pública, colapsada en estos momentos de pandemia; y sin miras de refuerzo de medios, ni de reabrir algún día las urgencias, pese la cacareada “exigencia” del alcalde que obviamente cayó en saco roto. Igualmente, el Ayuntamiento se congratula de la futura creación de una nueva residencia geriátrica privada, olvidando clamorosamente su promesa electoral de construcción de la tan demandada residencia pública en nuestro medio.
Pero algo bueno podríamos señalar en esta ocasión, y es que las fiestas navideñas se han desarrollado con éxito y gran participación popular, destacándose la denominada “Avenida de la Ilusión”, con su noria gigante que ha hecho las delicias de la chavalería. Hay dinero en el Ayuntamiento, y bien está que algo se gaste en festejos públicos.