La oposición de San Sebastián de los Reyes impugnará la junta de la EMSV por presunta ilegalidad

El escenario político en Sanse se tensa ante la decisión unánime de todos los grupos municipales de la oposición de impugnar formalmente la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). Acusan directamente al ejecutivo local del Partido Popular de maniobrar al margen de la legalidad, apoyándose en dos concejales tránsfugas que abandonaron Vox, para asegurar el control sobre esta entidad crucial en la gestión del suelo público de la localidad.

Acusaciones de ilegalidad en la convocatoria

El núcleo de la denuncia opositora reside en supuestas vulneraciones legales claras. Argumentan que la convocatoria de la Junta General se realizó de forma unilateral por parte de la presidenta de la EMSV. Según señalan, esta acción contraviene directamente el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, específicamente los artículos 166 y 249 bis, que otorgan la competencia exclusiva para convocar la Junta al Consejo de Administración de la sociedad, sin posibilidad de delegación.

Además de la presunta falta de competencia, la oposición también denuncia el incumplimiento de los plazos legales estipulados. Afirman que la normativa exige una antelación mínima de 15 días para la convocatoria, requisito que, según su versión, no se ha respetado en este caso.

El papel clave de los concejales y el Plan VIVE

Otro punto central de la crítica opositora es el soporte que el gobierno del PP obtiene de dos concejales considerados tránsfugas. Sostienen que estos ediles son la pieza que permite al ejecutivo tomar decisiones de gran calado, como la polémica cesión de parcelas municipales a la Comunidad de Madrid para su gestión privada dentro del marco del Plan VIVE.

Califican esta estrategia como un «saqueo de suelo público», diseñado para favorecer intereses privados en detrimento de una gestión municipal directa que priorice la vivienda asequible. Desde la perspectiva de PSOE, Izquierda Independiente, Más Madrid, Vecinos por Sanse y Vox, los concejales tránsfugas actúan como un instrumento del PP para consolidar un control férreo sobre la EMSV, lo que agrava las sospechas sobre la transparencia en la administración del patrimonio municipal.

La respuesta del gobierno municipal

Frente a estas acusaciones, el equipo de gobierno del Partido Popular defiende la legalidad de sus actuaciones. Diego Domingo García, portavoz del ejecutivo, primer teniente de alcaldesa y concejal de Urbanismo, ha respondido con contundencia. Asegura que «toda convocatoria y acuerdo adoptado por la EMSV se hace respetando escrupulosamente la legalidad y siguiendo el mismo procedimiento que siguieron los que precisamente ahora cuestionan la validez».

García califica la postura de la oposición como «inadmisible» y la atribuye a una «incapacidad de aceptar las decisiones democráticas adoptadas en beneficio de los vecinos». Contrapone la situación actual con la gestión anterior, recordando que durante los ocho años de gobierno de izquierdas (2015-2023) «no se construyó ninguna vivienda pública» y critica lo que considera una «nula gestión» de la EMSV en ese periodo. El objetivo actual del PP, subraya, es «dar solución a las necesidades de los vecinos» y convertir la EMSV en una «herramienta útil y eficaz al servicio de las familias». Acusa a la oposición de utilizar la empresa municipal como «arma arrojadiza para crispar el ambiente».

Posibles consecuencias

La oposición ha dejado claro que, al considerar ilegal la convocatoria, impugnará cualquier acuerdo que resulte de dicha Junta General. Advierten, además, que se reservan el derecho a emprender acciones legales contra las decisiones adoptadas y contra quienes participen en ellas. Han reiterado su compromiso con una gestión «transparente y legal» del patrimonio municipal, instando al gobierno a buscar el consenso y respetar los principios democráticos.